«Imaginémonos viviendo en un país del cual no entendemos el idioma. ¿Cómo nos sentiríamos? Así aseguran sentirse las personas sordas: “extranjeros en su propio país”, por ello hace falta eliminar las barreras a la comunicación, es decir todas aquellas trabas o impedimentos que limitan o dificultan a las personas sordas su acceso a la información, así como su capacidad de expresarse y comunicarse plenamente».
Así se expresa el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, para denunciar que la sociedad y las administraciones «ignoran la mayoría de los problemas de las personas sordas» y reclamar mayor sensibilización, un marco legal que garantice la igualdad de estas personas y su autonomía.
«Las personas sordas o con discapacidades auditivas se encuentran en el día a día con una gran cantidad de trabas y dificultades para realizar simples gestiones o intentar participar como el resto de ciudadanía. Su principal obstáculo son las barreras de la comunicación. Viven un doble aislamiento, que les impide por una parte acceder a la información, y por otra, el disfrute de ciertos derechos», apunta el Defensor en una nota con las principales reivindicaciones del colectivo..
«Las personas sordas quieren hacerse oír, tenemos que escucharlas», añade para hacer «un llamamiento a la sociedad granadina para que escuchemos a este colectivo socialmente ignorado y calladamente sufrido». Según expone, «son los discapacitados invisibles para el resto de las personas, pues al ser una discapacidad que no se ve, reciben muy poca atención. Cuando una persona invidente o en silla de ruedas anda por la calle, su bastón, sus gafas oscuras o su silla de ruedas nos muestran su discapacidad, sin embargo, las personas sordas viven en silencio una discapacidad invisible que impide una mayor sensibilidad social hacia las barreras de comunicación, pasando inadvertidas y las mayores dificultades con las que se enfrentan se presentan a la hora de relacionarse con otras personas en la medida que no se comparte el mismo código lingüístico».
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y la Confederación de personas sordas que recoge Martín:
La sordera afecta a más del 5% de la población mundial, es decir, a 360 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 32 millones son niños y niñas.
En España, la sordera afecta a más de un millón de personas, de las que casi el 72% tienen más de 65 años, y entre uno y cinco recién nacidos de cada mil nacen con algún tipo de sordera.
En Granada y provincia hay 4000 personas afectadas.
El 98% de las personas sordas en España utiliza la lengua oral para comunicarse. Casi 14.000 personas emplean la lengua de signos.
El 8% de la población en España posee problemas auditivos de distinto tipo y grado
Una de cada mil personas de la población general adquiere la sordera a lo largo de su vida.
Casi 2.500 nuevas familias cuentan con un hijo sordo cada año.
Más del 97% de los niños y niñas sordos nacen en familias con padres y madres oyentes.
«Menos hablar -agrega-, las personas sordas pueden hacer cualquier cosa, pero existen todavía muchos prejuicios acerca de ellas, y lo peor de todos esos prejuicios es que les quitan oportunidades y derechos. Para el colectivo, el término sordomudo es un estigma con el que la sociedad los ha definido tradicionalmente, sin embargo no es el término más adecuado. Una persona sorda es alguien que presenta una diversidad auditiva en mayor o menor grado. Las personas sordas forman parte de un colectivo muy heterogéneo, diverso, pero iguales en derechos».
En su llamamiento para atender sus reivindicaciones, el Defensor de la Ciudadanía de Granada subraya que «las personas sordas no son sujetos pasivos, sino agentes activos de cambio social, que fomentan la plena ciudadanía. Debemos apostar por la inclusión y la igualdad de condiciones partiendo de que ambas comunidades, -sorda y oyente- podemos y debemos trabajar codo a codo por el mismo objetivo, sin olvidar el respeto de su condición. Nada se puede hacer para las personas sordas sin las personas sordas. La sordera tiene que tener el reconocimiento social de ser un elemento más de la diversidad humana, capaz de generar riqueza intercultural y de aportar y construir una sociedad más justa».
«La sociedad y las Administraciones ignoran la mayoría de los problemas de las personas sordas. El desconocimiento de sus problemas y sus posibles soluciones puede conducir a su marginación social». Las instituciones «deberían estar siempre preparadas para atender a estas personas», cuyos principales problemas, necesidades y demandas, según recuerda, son:
Garantizar la figura del intérprete en el ámbito sanitario. Muchas personas que necesitan este recurso no lo están recibiendo y hay muchas listas de espera.
El ámbito educativo debe ser inclusivo, y la lengua de signos tiene que pasar a formar parte de las aulas como lengua vehicular y curricular del alumnado sordo. La accesibilidad para el alumnado sordo en las aulas debe dejar de ser una barrera: la presencia de intérpretes de lengua de signos en las aulas tiene que darse desde el primer día del curso escolar.
La ausencia de intérpretes de lengua de signos en todo tipo de servicios públicos: juzgados, consultas, etc.
Las barreras de comunicación en el ámbito laboral.
Barreras de comunicación en los medios de transporte, los espectáculos y los medios de comunicación social.
Problemas de falta de protocolos para la comunidad sorda, ante una emergencia. Planes de evacuación.
Páginas web oficiales accesibles.
El derecho a facilitar el aprendizaje de la lengua de signos a las persona sordas y a sus familiares.
Por todo ello, y haciéndose eco de la Agrupación de personas sordas de Granada y provincia (Asogra), es «imprescindible»:
Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de las personas sordas y de sus familias.
Mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus familias en todos los ámbitos (familiar, educativo, social, sanitario, laboral…).
Fomentar la autonomía e independencia de las personas sordas y la eliminación de las barreras de la comunicación.
Conseguir un marco legal que permita la plena igualdad y participación social de las personas sordas.
Dar respuesta a todos los problemas, necesidades y demandas de la población con discapacidad auditiva a las que hemos hecho referencia.
